Por Patricio Zunini.

No existe en la Argentina una legislación sobre la labor de los traductores literarios. La tarea queda contemplada por ciertos artículos de la Ley de Propiedad Intelectual, pero, al no haber un marco jurídico específico, es en el trato con la editorial donde se terminan de definir obligaciones y derechos. Además, en tanto que cada vez es mayor el consenso en considerar al traductor como coautor —el viernes pasado, el 81° congreso del PEN, que se realizó en Quebec, se cerró con un documento en el que lo definía como “creador”— aquella ley ha comenzado a perder vigencia, ya que lo considera casi como un prestador de servicios.

En un artículo publicado hace dos años, Pablo Ingberg señalaba la situación de vulnerabilidad a la que está sometido un traductor debido a que el Código Civil no contempla su problemática como “autor de obra derivada”: mala remuneración, contratos leoninos, el verse obligado a ceder los derechos de propiedad de la traducción. “Que los traductores argentinos, continuadores de una larga tradición de excelencia, trabajen aún en condiciones tan retrógradas como las actuales obedece en buena parte a su aislamiento y carencia de entidad gremial representativa. Por eso es tan necesaria esta ley.”

En ese entonces, el propio Ingberg (escritor y traductor) junto a Andrés Ehernhaus (editor y traductor) y a Estela Consigli y Lucia Cordone (ambas en representación de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes) elaboraron un borrador tomando como antecedentes normativas de otros países (Brasil, España, Holanda, etc.), lo hicieron circular por correo electrónico entre distintos colegas, y con los nuevos aportes lo enviaron a la comisión de cultura de la Cámara de Diputados: el proyecto, que fue trabajado por Roy Cortina, Victoria Donda, Julián Domínguez y Miguel del Sel, entre otros, buscaba poner al traductor en el mismo nivel que el autor; de hecho, compartía varios artículos con la Ley de Propiedad Intelectual, ajustados, por supuesto, a la figura del traductor. Sin embargo no llegó a ser tratado en la Cámara. El mes pasado un nuevo proyecto (expediente número: 4952-D-2015) fue presentado a la comisión.

Controversias

Que el traductor tenga el mismo estatus que el escritor necesariamente implica un cambio en la forma de percibir sus ingresos. En el esquema sin marco regulatorio, algunas editoriales contratan los servicios del traductor y explotan la obra: el traductor cobra por el trabajo entregado y la editorial dispone de la posibilidad de reeditar la obra sin necesidad de pagar regalías. Con el nuevo proyecto el traductor recibiría un anticipo y luego, al igual que el autor, un porcentaje de las ventas. Cabe señalar que esta práctica ya había sido adoptada por muchas editoriales desde mucho antes del debate.

Dice el artículo 11 del nuevo proyecto:

La retribución acordada a favor del traductor debe ser equitativa y proporcional a los beneficios que el usuario [la editorial] obtenga por la reproducción, distribución y explotación de la traducción. Consiste en una suma fija en concepto de anticipo de derechos de autor, que el traductor conservará independientemente del monto que alcancen dichos beneficios y un porcentaje sobre éstos, incluidos los surgidos de las sucesivas reediciones y adaptaciones de la traducción a otros formatos o géneros artísticos, y otras operaciones comerciales con terceros. Ese porcentaje, que se calcula sobre el precio de venta al público, no puede ser inferior al uno por ciento (1%) para las ediciones de la traducción en papel; al dos y medio por ciento (2,5%) para el caso de su explotación a través de medios digitales; y al cinco por ciento (5%) cuando —cualquiera sea el formato de edición utilizado— se trate de la traducción de obras de dominio público.

Aunque parezca que se habla de valores bajos, son costos que se agregan a la cadena de producción, ya de por sí bastante comprometida. El anticipo del traductor, además, suele ser mayor al de un autor —está asociado a una tarifa por millar de caracteres antes que a la expectativa de ventas—; hay editoriales que asumen ese monto inicial previendo que van a obtener los beneficios en las ediciones subsiguientes y el nuevo modelo va a impactar necesariamente en el plan de negocios. El Estado debería contemplar de qué manera el cambio en las condiciones afecta a la bibliodiversidad: no todas las editoriales van a estar en condiciones de asumir estos costos iniciales y, por otra parte, es probable que se trasladen a un aumento en el precio de venta al público.

Con el proyecto reavivado en Diputados, esta semana surgió una nueva voz opositora: el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el artículo que define que «[Se entiende por] Traductores: a las personas físicas que realizan la traducción de obras literarias, de ciencias sociales y humanas, científicas y técnicas sujetas a propiedad intelectual, cualquiera sea su formación profesional». En un comunicado publicado en su página web, el Colegio de Traductores Públicos expresa que «No podemos aceptar que se reconozca como profesional de nuestra labor a quien no tiene título habilitante». El reclamo es llamativo, ya que el traductor público está amparado por la Ley 20305. Frente al planteo del Colegio de Traductores Públicos, Marcelo Cohen envió una carta abierta a Nora Bedano, una de las diputadas que trabaja en la comisión de cultura, que aquí transcribimos en su totalidad:

Estimada diputada Nora Bedano:

Soy traductor profesional desde hace más de treinta años. He trabajado para muchas de las editoriales más importantes de Argentina y España (Losada, Anagrama, Tusquets, Edhasa, Planeta, Norma y otras) y traducido del inglés, francés y portugués más de 120 libros de narrativa, ensayo y poesía, desde William Shakespeare hasta autores de la narrativa más contemporánea. He escrito ensayos sobre la tarea del traductor y he sido honrado con premios.

Quede claro que la traducción es además mi modo de ganarme la vida.

Si digo todo esto no es para alardear sino para que usted sepa que no soy un improvisado.

Antes que nada, en nombre mío y de mis colegas, quiero expresarle nuestro agradecimiento por haber avalado con su firma el proyecto de Ley de Derechos de los Traductores y Fomento de la Traducción (expediente: 4952-D-2015), ingresado el 10 de setiembre y al que se le ha asignado giro a las comisiones de Legislación General y de Cultura.

Creemos que su apoyo para la aprobación del proyecto de ley permitirá respaldar a un sector tan decisivo para el desarrollo cultural como poco visible e injustamente desprotegido por los usos y costumbres, así como actualizar las leyes vigentes que regulan nuestra actividad, en consonancia con las de la mayor parte del mundo.

Sin embargo no puedo dejar de expresarle mi alarma ante la versión, llegada a mí en estos días, de que usted querría proponer alguna modificación al artículo 2 del proyecto de Ley, relativa a la obligación de ser titulado para ejercer la profesión, un requerimiento legal inexistente en ningún lugar del mundo.

Me desconcertaría y abatiría que una norma de este cariz me impidiera seguir trabajando en mi país después de tantas décadas sirviendo a la cultura, la industria editorial y, creo yo, a los lectores. Lo consideraría atrozmente injusto y desatinado.

Mi caso no sería el único, ni mucho menos. Decenas de nuestros mejores traductores, reconocidos en el mundo y por los lectores, carecen de título específico –aunque muchos tienen otros títulos, y desde luego una sólida formación. Aparte del perjuicio y las aflicciones que conllevaría para ellos, la calidad de nuestra producción editorial de textos traducidos sufriría una merma incalculable.

Le ruego que, de ser cierta la versión, revea usted seriamente el sentido de una propuesta que perjudicaría gravemente a la cultura y el trabajo en nuestro país.

El debate sobre los derechos de los traductores es uno de los más urgentes de la industria editorial. En los últimos tiempos ha habido mesas y paneles en ferias, congresos, jornadas profesionales. Y, aunque da la impresión de que todavía falta mucho por recorrer, los avances en contra de la precariedad laboral son más que evidentes. Es para celebrarlo.

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